El Proyecto de Ley del Sistema Inteligente de Permisos propone un cambio en la obtención de permisos para proyectos, simplificando trámites y estableciendo un marco normativo que promueva la inversión.
La Evaluación Ambiental 2.0 busca modernizar el proceso de evaluación de impacto ambiental, promoviendo mayor predictibilidad en las decisiones y una reducción significativa en los tiempos de tramitación.
La propuesta legislativa del Sistema Inteligente de Permisos (SPI), presentada recientemente por el Gobierno, tiene como objetivo principal la reducción y simplificación de los procesos burocráticos asociados a la obtención de permisos para el desarrollo de proyectos. Esta reforma abarca autorizaciones gestionadas por 37 servicios diferentes, vinculados a 16 ministerios.
El SPI busca establecer un nuevo marco que fortalezca la inversión y simplifique los procedimientos de autorización para proyectos de inversión de diversa magnitud, desde grandes proyectos, como los mineros, hasta proyectos de menor escala, como almacenes.
«Lo que hace este proyecto es crear un sistema y generar las condiciones para que, manteniendo la buena calidad regulatoria, podamos reducir de forma muy sostenida los tiempos. Esto por supuesto, implica una reforma muy sustantiva. Estamos dentro del proyecto ley que genera este sistema y que genera un paraguas bajo el cual van a estar articulados estos 380 permisos sectoriales. En la práctica, interviene 37 leyes de forma muy diversa”, detalló Nicolás Grau, Ministro de Economía, en la presentación del proyecto.
“Estamos contentos, entusiasmados, creemos que estamos ingresando al Congreso un proyecto de ley relevante y estamos convencidos que, así como lo promueve esta agenda, también vamos a lograr que la tramitación en el Congreso sea lo más rápida posible para poder avanzar con este proyecto con la celeridad que el país requiere”, añadió.
Entre las medidas contempladas en esta reforma se encuentran las "normas mínimas de tramitación para permisos sectoriales", las cuales serán aplicables de manera transversal a todos los permisos sectoriales. Estas normas incluyen la obligatoriedad de un examen de admisibilidad en todos los procesos, mejoras en la regulación de las interacciones entre servicios y entre el servicio tramitador y el solicitante, establecimiento de plazos máximos para todos los procedimientos, y la especificación y viabilización del uso del silencio administrativo.
Además, se establecerá un procedimiento para sustituir autorizaciones por declaraciones u otras técnicas, en función del riesgo asociado a cada obra, instalación o actividad del proyecto. Estos procesos darán lugar a rutas diferenciadas de tramitación según umbrales de riesgo predefinidos.
Se creará también la plataforma "SUPER" como una ventanilla única digital del Estado para la tramitación de permisos sectoriales, permitiendo a los titulares de proyectos y al órgano SUPER acceder permanentemente a los detalles del procedimiento.
Evaluación Ambiental 2.0
El proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 tiene como objetivo modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el fin de aumentar la predictibilidad de las decisiones y reducir los tiempos totales de tramitación ambiental.
Para lograrlo, se contempla la implementación de la "participación temprana voluntaria", que permitirá a los inversionistas mejorar el diseño de sus proyectos en etapas iniciales, antes de su ingreso al sistema. Esta fase también establecerá reglas para la interacción entre comunidades y empresas, con el propósito de prevenir conflictos socioambientales que puedan obstaculizar la tramitación de los proyectos.
Actualmente, además de la evaluación ambiental, existen instancias políticas, administrativas y judiciales con facultades de revisión sobre los proyectos aprobados.
En este contexto, el Gobierno pretende fortalecer la evaluación técnica, otorgando mayores atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y eliminando instancias políticas, como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA). De esta manera, la decisión final sobre la aprobación o rechazo de un proyecto recaerá principalmente en el SEA, basándose en antecedentes técnicos y evidencia científica.
