La Fundación Techo estima que hay 1.290 campamentos, un 15% de ellos levantados luego del 2020, en los que habitan más de 113 mil hogares.
El desafío del déficit habitacional en Chile requiere de un enfoque integral y colaborativo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
En los últimos años, el déficit habitacional en Chile ha sido motivo de preocupación creciente. Este fenómeno afecta a una parte significativa de la población, generando necesidades urgentes que requieren respuestas estructurales y sostenibles por parte del gobierno y otros actores relevantes en el ámbito social y económico.
El déficit habitacional ha afectado a miles de familias que enfrentan dificultades para acceder a viviendas adecuadas y dignas. Factores como el crecimiento demográfico, la migración interna y externa, y las limitaciones en el acceso a créditos hipotecarios han contribuido a esta problemática. La Fundación Techo estima que hay 1.290 campamentos, un 15% de ellos levantados luego del 2020, en los que habitan más de 113 mil hogares.
Según Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), “El aumento de estos asentamientos está empujado por el enorme déficit habitacional del país, el que empeoró en los últimos años por las consecuencias económicas de la pandemia, el encarecimiento de la vivienda y los créditos hipotecarios y el significativo aumento de la inmigración. Hoy existen 640 mil hogares sin acceso a vivienda, déficit que podría incrementarse en el futuro”.
Esta afirmación tiene correlación con una investigación llevada a cabo por la Universidad de Talca y entregada en enero de este año, y que se basó en datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de Transparencia, y concluyó que, de persistir la actual velocidad de entrega de viviendas sociales, el déficit habitacional hacia el cierre del año 2025 podría ascender a aproximadamente 750 mil hogares.
Este estudio llamado “Crisis habitacional en Chile: Construcción de viviendas sociales sin deuda”, fue realizado por el académico de la Facultad de Ingeniería, Armando Durán Bustamante, quien determinó que el año 2023 se produjo un déficit en la construcción de viviendas sociales, a nivel nacional, superior al 50%. Además señaló que el principal problema consiste en los tiempos de entrega de estas soluciones habitacionales, que van de los 5 a 10 años en promedio.
Como posibles soluciones para reactivar el sector de la vivienda se requieren medidas multisectoriales, como; la entrega de subsidios, ampliar garantía estatal al pie de los créditos hipotecarios, acelerar la construcción de viviendas sociales, generación de incentivos tributarios transitorios para la compra de vivienda.
