Conversamos con Daniela Lagos, Gerente Legal de Legal Broker, para conocer los aspectos fundamentales de este proyecto que buscaba resguardar a propietarios de inmuebles frente a arrendatarios morosos.
Tanto los arrendatarios como los propietarios de viviendas buscan garantías legales por varias razones. Seguridad jurídica, protección de sus derechos, cumplimiento de obligaciones, resolución de conflictos y estabilidad a largo plazo son algunas de las preocupaciones tanto de quienes utilizan sus inmuebles como de quienes se encuentran en búsqueda de un nuevo hogar para arrendar.
A inicios de junio, los parlamentarios Maite Orsini, Marisela Santibáñez y Tomás Hirsch dieron cuenta de un proyecto de ley que busca regular los requisitos que se exigen a los arrendatarios para poder arrendar, así como el mes de garantía, y la eliminación del cobro de las rentas en UF, entre otros.
“De acuerdo a lo indicado en la moción, la crisis habitacional producida por el difícil acceso a la vivienda ha generado un aumento exponencial de familias que migran al arriendo como única solución. Sin embargo, plantean que arrendar en Chile es cada vez más difícil”, comenta Daniela Lagos, Gerente Legal de Legal Broker.
“Dado que las condiciones de postulación se han endurecido, incluso estableciendo requisitos discriminatorios, el hecho de tener que asumir el costo de otorgar el contrato de arriendo en Notaría, el cobro de la renta en Unidades de Fomento, y teniendo que asumir el pago del 50% de la comisión del Corredor de Propiedades, resultan a juicio de los parlamentarios, en una situación desfavorable e injusta para los arrendatarios”, profundiza Lagos respecto a las dificultades a las que se enfrentan los arrendatarios en la actualidad.
“Plantean, incluso, que la dictación de la Ley 21.461 conocida como ‘Ley Devuélveme mi casa’, ha fortalecido la situación de los arrendadores, agilizando los procesos de desalojo y restitución a los propietarios, pero no existe una regulación que impida a los arrendadores exacerbar los requisitos de postulación o establecer cláusulas abusivas”, agrega.
Los objetivos del proyecto
El proyecto de ley consideraba incluir una regulación que estableciera límites a los requisitos que pueden exigir los arrendadores a los postulantes de un arriendo, así como también crear una regulación al “mes de garantía”, permitir reclamar la restitución de la garantía a través de un procedimiento de cobro expedito. Buscaba además prohibir pactar la renta de arrendamiento en UF y establecer que el pago de los servicios de corretaje de propiedades fueran sólo de cargo de la parte que contrató sus servicios y que no se pudiera condicionar la firma del contrato de arriendo a su pago.
“El proyecto tuvo diversas reacciones en el rubro inmobiliario. Arrendatarios que están de acuerdo con la visión de los parlamentarios, pero sobre todo arrendadores y Corredores de Propiedades, cuya gestión de intermediación se traduce en gran medida en la revisión y calificación de los antecedentes de los postulantes a un arriendo”, explica Daniela: “Estos últimos manifestaron en mayor medida su disconformidad con los planteamientos del proyecto”.
Un final inesperado para la iniciativa
“Con fecha 12 de junio de 2023, los parlamentarios retiraron de tramitación el proyecto de 'Arriendo Justo’, por lo que las modificaciones anunciadas no verán la luz”, concluye la experta.
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